El objetivo es recoger un código de prácticas y acciones concretas que las personas que ocupan cargos electos y el personal municipal deberán cumplir para asegurar una gestión política comprometida y cercana a la ciudadanía, mediante mecanismos eficaces de transparencia en la financiación y rendición de cuentas, a través de mecanismos democráticos y populares.

Las personas que ocupen cargos públicos bajo el mandato de este Código de Conducta se comprometen también a impulsar los instrumentos y mecanismos legales necesarios para que estos principios éticos se conviertan en normas obligatorias para todos en la Administración Pública.